Comunicado sobre los inmigrantes.
Iglesia de Base de Madrid.
Ante los graves problemas que afectan a muchos emigrantes del Tercer Mundo presentes en España, los cristianos de base de Madrid manifestamos lo siguiente:
- Los derechos humanos deben prevalecer sobre los derechos de los nacionales de un Estado, en contra de la práctica jurídica habitual, proteccionista y discriminatoria. Nuestra propuesta es construir «un mundo sin fronteras en el que todos nos sintamos iguales y mutuamente comprometidos» (del Documento aprobado en la III Asamblea General de la Iglesia de Base de Madrid). La ideología estatal y/o nacionalista, cuando se utiliza como argumento para reforzar nuestros privilegios y segregar a los extranjeros, debe ser denunciada como una forma actual de racismo.
- La emigración, más que una decisión libre de los individuos, obedece a otras causas más generales, entre las que destacan dos: los desequilibrios sociales generados en el Tercer Mundo por la implantación del modelo socioeconómico capitalista y la intolerancia política, racial o religiosa que se practica en bastantes lugares del mundo. En estos aspectos los países ricos de Occidente, entre ellos España, son corresponsables, por ser los principales promotores y beneficiarios del «orden» capitalista y por no adoptar medidas más efectivas contra la intolerancia en los foros internacionales.
- Todo inmigrante es también, y sobre todo, un emigrante que con su trabajo en España contribuye, por un lado, a crear riqueza en el país que le acoge y, por otro, a mejorar la situación de su familia y de su país de origen, a través del envío de remesas de divisas (una de las principales vías de inversión de los países de emigración). Contemplar a los migrantes solo como inmigrantes, en aquello que nos afecta a nosotros, es una forma rechazable de etnocentrismo cultural.
- Los españoles debemos refrescar la memoria histórica y recordar que hemos sido un país de emigrantes (todavía hoy son muchos más los españoles emigrantes que los extranjeros inmigrantes). Además, si tenemos en cuenta que en torno al 80 por 100 de los extranjeros del Tercer Mundo que hay en España procede de nuestras antiguas colonias (América Latina, Filipinas, Guinea Ecuatorial, norte de Marruecos…), quizás debemos concluir que ellos vienen porque nosotros hemos ido primero. Por reciprocidad y en estricta justicia, exigimos una política de inmigración abierta y generosa tanto en el interior de nuestro país como en el conjunto de la Comunidad Europea.
- No es exacto afirmar que los extranjeros quitan puestos de trabajo a los españoles, ya que tal afirmación ni tiene en cuenta la elasticidad del mercado de trabajo ni que los inmigrantes también consumen y generan, por tanto, un incremento en la demanda de bienes y servicios. Sin embargo, sí es exacto afirmar que gran parte de los extranjeros del Tercer Mundo está en los sectores económicos más precarios y de mayor explotación, además de poner en evidencia una lacra oculta de la sociedad española como es la economía sumergida o no sujeta a la legislación laboral.
Las anteriores consideraciones no solo cuestionan la política de inmigración vigente en España, sino el orden social, nacional e internacional, que está en la base de la desigualdad Norte-Sur y de los múltiples procesos de exclusión que afectan al llamado Cuarto Mundo. Los inmigrantes pobres de África, Asia y América Latina reflejan como ningún otro sector esa doble lógica de desigualdad y exclusión, dejando al descubierto la hipocresía del llamado «orden mundial».
II Los cristianos de base, además de denunciar una vez más «el actual sistema económico, jurídico y político, en la alienación y empobrecimiento» (Documento de la Primera Asamblea de Cristianos de Base de Madrid, 1986), queremos unir nuestros esfuerzos a aquellas organizaciones que trabajan en favor de los inmigrantes, defendiendo los siguientes objetivos:
- Que el gobierno cumpla los acuerdos y compromisos internacionales de ayuda a los países menos desarrollados, en especial de aquellos que mantienen vínculos históricos, culturales y geográficos más estrechos con España (y que coinciden con los países de origen de los inmigrantes). Alcanzar el 0,7 por 100 del Producto Interior Bruto debe ser, en este sentido, el objetivo prioritario.
- Definir una generosa política de inmigración a corto y medio plazo, con realismo, dando cabida en su planteamiento y ejecución a los diversos sectores de la administración (no solo Interior, Exteriores y Trabajo sino también Educación, Sanidad, Justicia, Asuntos Sociales…) y a las fuerzas sociales que están más cerca de los inmigrantes (organizaciones no gubernamentales, sindicatos, etc.) y a las asociaciones de los propios inmigrantes.
- Caso de establecer cupos anuales para la entrada de nuevos inmigrantes, contar con el asesoramiento de los colectivos antes referidos y aceptar, al menos, la media anual alcanzada en los últimos años (unos 50.000), sin contar los solicitantes de refugio y asilo (para los que establecer cupos sería inadmisible).
- Asegurar la renovación de los permisos de residencia y trabajo a los 110.000 inmigrantes que se acogieron al proceso de regularización de 1991-92. Tener en cuenta, para ello, que los extranjeros son los menos responsables de que exista en España una amplia oferta de trabajo irregular y temporero, tanto en el sector agrario como en la construcción y los servicios.
- Desbloquear los trámites legales para hacer viable el derecho a la reagrupación familiar de los inmigrantes.
- Exigir para los inmigrantes en situación regular el acceso a los mismos derechos y prestaciones sociales que tienen los autóctonos (seguridad social, vivienda, educación, paro, ingreso mínimo de inserción, etc.), tanto a nivel de la administración central como de la autonómica y local.
- Establecer unos derechos mínimos (acceso al sistema educativo, tratamiento hospitalario en casos de urgencia, prestaciones sociales de emergencia, etc.) para los que no sea necesario acreditar una situación de regularidad.
- Apoyar los servicios puestos en marcha por las organizaciones no gubernamentales en favor de los inmigrantes (asesoría jurídica, enseñanza del idioma, cursos de formación profesional, etc.).
Madrid, 11 de enero de 1993