Petición de perdón de La Iglesia Colombiana

¿Y si la historia de esta Iglesia fuera similar a la española?

Evaristo Villar

¿Debe la Iglesia pedir perdón?

Firmados Los Acuerdos de Paz el 24 de noviembre de 2016, después de cuatro años de negociación en la Habana, Colombia sigue mirando con inquietud y esperanza la llegada del D180. Medio siglo de guerra fratricida ha destruido demasiadas vidas inocentes y ha sumergido en el sufrimiento y la miseria a millones de colombianas/os.

El Tránsito a la Normalización —que se dio 180 días a partir de la ratificación de los Acuerdos por el Senado y la Cámara de Representantes el 29 y 30 de noviembre respectivamente del pasado año—  deberá concluir, según calendario, el uno de junio de 2017. Entre tanto, el proceso está siendo supervisado por la ONU, las FAR y el Gobierno Colombiano. Pero ¿llegará finalmente la paz a este pueblo tan terriblemente martirizado? Llegará,  así lo creemos, pero con el permiso del narcotráfico, los paramilitares y facciones de la guerrilla (el ELN) que aún no se han sumado al proceso.

7 de cada 10 colombianos se declaran católicos

Parece razonable y justo que, después de un conflicto tan largo y ante el acontecimiento siempre gozoso de la llegada de la paz, la sociedad entera, las personas y estamentos civiles y religiosos se pregunten sobre su responsabilidad en la generación de la violencia y el modo de su implicación en el actual proceso de paz. Y estas preguntas cobran mayor importancia cuando se hacen desde el interior de una institución religiosa que, como la Iglesia católica, hasta el 1991 fue religión oficial del Estado y que actualmente —según el periódico El Tiempo (26 marzo del 2016) — 7 de cada 10 colombianos/as se declaran católicos. Y ocho años antes el número de cristianos, sumandos católicos y protestantes, ascendía al 91%, (cfr. Encuesta Barómetro de las Américas 2009).

En este contexto, un sector importante de la Iglesia católica, integrado por personas seglares, religiosas/os y sacerdotes, reconocen en un largo comunicado hecho público que, desde el tiempo de la conquista y la colonización hasta nuestros días, la confesión católica y en especial su jerarquía ha mantenido siempre en Colombia, salvo honrosas excepciones, una firme alianza y complicidad  entre la cruz y la espada. Siempre dependiente del dogmatismo de Roma, esta Iglesia ha llegado, de una parte, a identificarse políticamente con el Partido Conservador,  “protagonista de primer orden de la violencia” justificada como “guerra justa”; y militarmente,  por otra parte,  con las fuerzas armadas que, siguiendo “los principios y directrices de la Guerra Fría y el paramilitarismo de los 60” se han erigido en defensoras de la seguridad nacional frente “a las capas  oprimidas” a las que han considerado “el enemigo interno a abatir”.

La sumisión a Roma ha causado una brecha en el catolicismo cubano

Esta sumisión a Roma, que condenó en los siglos XIX y XX todo lo que se movía en el mundo (liberalismo, socialismo, comunismo, Teología de la Liberación), ha causado una enorme brecha en el catolicismo colombiano entre quienes se han alineado con el conservadorismo del statu quo —siguiendo la ruta emprendida en el s. XIX por obispo de Pasto, Ezequiel Moreno,  canonizado por Juan Palo II en 1992—, y quienes, como Camilo Torres, se han vinculado a las justas reivindicaciones de las clases populares y por ello han sido “estigmatizados”, llegando, en no pocas ocasiones,  a “justificar su exterminio”.

3 demandas necesarias

Los autores de este importante documento acaban pidiendo tres cosas: Piden a la Conferencia Episcopal de Colombia que, siguiendo el ejemplo de los últimos papas, singularmente el espíritu de Francisco, “pida perdón, en presencia de los movimientos políticos liberales y comunistas, por haber contribuido a la persecución, estigmatización y exterminio de muchos de sus militantes”; Invitan a la diócesis de Bogotá  “a sacar del recinto de la Catedral Primada los restos mortales del conquistador Gonzalo Jiménez Quesada y entregarlos a la Alcaldía de Bogotá para que les asigne un espacio ajeno al culto cristiano”; y Se comprometen a “solicitar al papa Francisco el cierre,  en Colombia, de la Diócesis Castrense”, invitando a los miembros católicos de las fuerzas armadas “a renunciar a su jurisdicción eclesial especial e integrarse en las comunidades locales”.

No es correcto apropiarse de la historia de otros por más que resulte rentable para justificar los propios argumentos. Salvo el dolor y el hambre, nada es igual por más que se le parezca. La historia, extrapolando la sabia intuición de Ortega, también es “hija de sus circunstancias”. Y estas siempre son distintas según el lugar, el tiempo y los sujetos que intervienen en ellas.

Similitudes con la Iglesia española

Sin embargo, cualquier persona que haya tenido ocasión de vivir en España en las últimas décadas y mire fríamente los acontecimientos (políticos, económicos, sociales, religiosos, etc.) que se han venido sucediendo  desde los años treinta del pasado siglo hasta nuestros días se va a encontrar en nuestros lares con grandes similitudes con la historia colombina.  Por ejemplo, ¿quién puede dudar —a  la luz de la Carta Colectiva de los Obispos del 15 de mayo de 1937 (a diez meses del golpe militar del 18 de julio del 1936) — de la implicación de la jerarquía católica española en sucesos tan lamentables como el alzamiento contra la II República, la justificación del golpe militar y la posterior legitimación de la dictadura franquista? ¿Quién ignora hoy día en España que, mientras los derrotados de la legal República siguen olvidados en las cunetas de nuestras carreteras, el dictador reposa gloriosamente en lugar sagrado entre los restos de quienes fueron sus propias víctimas? Y, para mayor similitud, ¿no existe también en España una Vicaría Castrense con su obispo con rango de general y unas buenas decenas de capellanes que disfrutan de trato y sueldo militar?

La similitud continúa en las reivindicaciones. Y deseamos que en Colombia tengan mejor suerte.  Porque muchos han sido los intentos que se han hecho en España (cfr. Redes Cristianas) desde el interior de la propia Iglesia católica (especialmente desde la intelectualidad y los movimientos y comunidades cristianas de base) para pedir/exigir a la Conferencia Episcopal Española (CEE) un reconocimiento explícito de la Memoria Histórica, la  “purificación” del Valle de los Caídos donde reposa el dictador y la supresión de los Acuerdos del Estado Español del 1979 con la Santa Sede, donde se justifica jurídicamente la existencia de la Vicaría General Castrense y la existencia de  los capellanes en las Fuerzas Armadas. Salvo el noble intento de pedir perdón que se hizo en la Asamblea de Obispos y Sacerdotes de 1971 (impregnada en gran parte por el aire del Vaticano II) y que resultó fallido por falta de suficientes apoyos, la respuesta oficial ha sido siempre el silencio.  Un silencio a veces roto para tratar de justificar la ideologizada y discriminatoria praxis oficial.  Como, por ejemplo,  la hiriente recomendación del cardenal Rouco Varela, a la sazón presidente de la CEE,  en el discurso de  inauguración de la Asamblea Plenaria  de los obispos el 24 de noviembre de 2008. La recomendación, por humillante para las víctimas,  fue ampliamente rechazada por toda la crítica del país. En aras de la necesaria reconciliación de la población española, el cardenal invitó a todo el mundo a volver al “espíritu reconciliador, generoso y sacrificado de la Transición”. Y para esta vuelta,  el cardenal predicaba que “a veces es necesario saber olvidar”.

Pero, ¿qué autoridad puede tener nadie para aconsejar a las víctimas que prescindan de la torturante memoria  que les ha acompañado y atormentado durante toda la vida? Ninguna enfermedad se cura por el mero hecho de tratar de ignorarla. Y… tampoco la reconciliación se alcanza en ningún pueblo sin el reconocimiento del daño causado y la reparación proporcional al sufrimiento injustamente infringido.

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