La sanidad pública universal, también conocida como cobertura universal de salud, es un tipo específico de atención sanitaria que presta a todas las personas cobertura independientemente de sus ingresos, la raza, la edad o el sexo. Y ¿qué es la sanidad pública universal? El propósito de la asistencia universal es proporcionar a todos los ciudadanos la oportunidad de conseguir el cuidado de la salud que pueden necesitar sin tener que preocuparse por sus problemas financieros.
Ana Belén Espejo
Los países que disfrutan de una sanidad pública potente tienen cobertura universal o mucho más amplia que aquellos países donde predomina la sanidad privada, donde existen sectores de la población sin acceso a atención sanitaria o con un acceso restringido. Estados Unidos, posiblemente el ejemplo más llamativo en este aspecto, contaba en 2016 con 27,6 millones de personas no aseguradas.
Pero la sanidad pública, en nuestro país, ha sido sometida, a desfinanciamiento crónico, recortes sistemáticos y privatizaciones. Un problema muy grave y que ha puesto de manifiesto la crisis generada por el coronavirus.
Ante esta situación no cabe otra cosa que reconducir la sanidad pública hacia los objetivos previstos en su origen. No hay duda de que las dificultades son obvias, pero pidiendo un momento de lucidez a las administraciones públicas e intentando poner el cuidado de la vida en el centro, desde los movimientos sociales vemos necesario:
1. Aumentar el presupuesto para la sanidad pública que garantice sea universal y de calidad: es necesario más personal sanitario, más camas, más medios, más y mejores servicios auxiliares que puedan atender a toda la población. La partida de sanidad de los presupuestos de 2020 debería incrementarse al menos el 7 % del gasto público con el fin de alcanzar el 15 % al final de la legislatura, para recuperarse así de todos los recortes que la sanidad pública ha sufrido.
2. Revertir los procesos de privatización y externalización de la sanidad. Hay un deslizamiento hacia la medicina privada al que hay que plantar cara. De hecho, las Mareas Blancas se han movilizado en este sentido reivindicando la sanidad pública. Llama la atención en este colapso sanitario debido a la COVID 19 la fuerte campaña publicitaria de la medicina privada para captar más asegurados en sus pólizas. Es hora de un análisis de la medicina privada, una “auditoría social”, como dicen algunos.
Pensemos que la llamada sanidad privada no tiene un desarrollo mínimo de la atención primaria. Sus asegurados van a diferentes especialistas que, de manera fragmentada, ponen tratamientos a veces superpuestos sin una visión integral. La sanidad privada no mantiene un sistema de coordinación de historias clínicas de sus asegurados que permita el conocimiento de la realidad en su conjunto. La sanidad privada mantiene un sistema discriminatorio contra los sectores más vulnerables, como ancianos y pacientes con patologías crónicas, excluyéndoles de sus seguros o poniéndoles trabas que los hacen inaccesibles. La sanidad privada tiene un elevado coste, muy superior a la pública, en la atención sanitaria que ofrece. La sanidad privada utiliza de forma competitiva a los profesionales de la sanidad pública, gracias a la permisividad existente en la administración, que no tiene un sistema eficaz de incompatibilidades que lo impida. Las fórmulas de conciertos, contratos o consorcios permiten al mismo tiempo asegurarse ingresos procedentes del sistema público y competir en recursos con la sanidad pública. Los modos de contratación de personal sanitario u otros aspectos de la provisión de servicios son opacos, clientelares, y quedan al margen del control público. La sanidad privada paga mal a sus profesionales sanitarios, como han sido reiteradamente denunciado por algunos colegios profesionales.
3. Refuerzo de la Atención Primaria y la Salud Pública presupuestario, de personal y de medios para abordar los problemas de salud de la población. Acabar con las largas listas de espera en las citas de Atención Primaria. Garantizar la apertura de todos los centros de salud y la atención presencial.
4. Aumento de las camas hospitalarias de titularidad y gestión pública para alcanzar las cinco por 1.000 habitantes.
5. Adoptar medidas para abolir el sistema de patentes de medicamentos y presentar una iniciativa en la Organización Mundial de Salud para que en todos los países existan las condiciones que garanticen el acceso universal a los tratamientos como la COVID-19.
6. Una política de personal que asegure recursos suficientes, que acabe con laelevada temporalidad injustificable y que incentive la calidad de la atención sanitaria.
7. Aumento de la inversión en Salud Mental con especial énfasis en la salud comunitaria; aumento de los recursos humanos y mejora de la coordinación con la red de rehabilitación que debe de potenciarse en la Sanidad Pública.
A modo de conclusión, detener las privatizaciones y elaborar un plan para la recuperación de los centros privatizados en aras a la sanidad pública. La medicina privada no se basa en los principios de la solidaridad y altruismo, sino de la rentabilidad, aplicándose incentivos perversos para ganar más en conflicto con los principios éticos y los objetivos de la medicina.