Luís Ángel AGUILAR MONTERO
En la mayor parte del mundo, estar del lado de los inmigrantes es políticamente impopular.Los riesgos son reales, pero nuestra llamada no lo es menos[1].
Hablar de soluciones al tema de la inmigración puede hacerse situándonos en el planode las elucubraciones más o menos utópicas o bien en el de las propuestas más o menos radicales, pero casi siempre –y de eso somos conscientes- estamos en el plano teórico.
Nosotros, sin huir del realismo -pero a fuerza de creer en lo que hacemos y por lo que luchamos-, vamos a colocarnos aquí en el campo propositivo y/o programático, y, por eso, formularemos un objetivo primordial o meta final hacia la que caminar, unas pistas sobre las que avanzar para conseguir ese gran objetivo, y, finalmente, ofreceremos a modo de vademécum una serie de actuaciones que, en la medida en que se vayan logrando, seguro que avanzaremos hacia la construcción de un mundo mejor.
La ciudadanía universal: el objetivo primordial
Una meta posible, y a la vez necesaria, al hablar de soluciones al reto de la inmigración en nuestra Comunidad Europea, pasa necesariamente por la construcción de una ciudadanía universal, fundamentada en el derecho natural y en los mismos Derechos Humanos.
Esta nueva “ciudadanía inclusiva” es el camino irrenunciable hacia el que tienen que ir todas las posibles soluciones.
Pistas para solucionar el reto actual
Para mí hay un axioma básico del que hemos de partir a la hora de hablar seriamente del tema que nos ocupa: la inmigración es un derecho y no un problema. A partir de aquí, surgen varias pistas innegociables:
- Hay que “acabar con las exageraciones” que enmascaran la realidad y que tanto utilizan periodistas, políticos y mucha gente de la calle. Nos referimos a esas “metáforas” de flujos, corrientes, avalanchas, mareas, oleadas, invasión, ilegales, tráfico de inmigrantes, etc., que lo que hacen es ampliar y asociar la inmigración a la idea de peligro o violencia, identificándola en muchos casos con la delincuencia o el caos e instaurando una especie de “miedo social”.
- Hay que “pasar de la caridad asistencialista a la verdadera interculturalidad”. Se trataría de potenciar el protagonismo de los colectivos de inmigrantes para que sean ellos co-participes de su propia liberación. En este sentido, son importantes su organización y el asociacionismo como vías de integración.
- Hay que evolucionar “desde la concepción utilitarista del inmigrante a la plena ciudadanía”. Es cierto que hay que reconocer la aportación de los y las inmigrantes en el desarrollo y progreso de los países -tanto de acogida como de origen-, pero no vale el que sean buenos como mano de obra y luego desaparezcan como personas con derechos a un ocio, una vivienda, unas relaciones sociales, una participación política, incluido el derecho al voto, etc.
- Hay que avanzar “desde las políticas policiales de control de flujos y de fronteras hacia las políticas de inclusión e igualdad de oportunidades”. La actual legislación española, así como la normativa europea, violan los derechos fundamentales de los inmigrantes. Hemos de admitir no sólo que los inmigrantes están, sino también que seguirán llegando y, por lo tanto, tienen que replantearse políticas realistas y acordes con esta nueva y diversa realidad.
- Y finalmente hay que “cuestionarnos, nuestras propias actitudes y modificar nuestra mirada” -tanto personal, como colectiva o institucional- hacia los y las inmigrantes.
Honestamente hemos de preguntarnos, ¿podemos seguir manteniendo nuestros actuales niveles de vida?
Actuaciones para afrontar con garantías el reto de la inmigración
Tal y como si de un verdadero vademécum de propuestas se tratara y sin que el orden implique prevalencia o importancia, señalamos a continuación las actuaciones que consideramos imprescindibles.
- Derogar la Ley de Extranjería 4/2000, así como sus múltiples revisiones –Ley 8/2000 y reglamentos posteriores que endurecían la aplicación de la misma Ley-, procediendo a la elaboración de una nueva que regule y promueva la verdadera integración del inmigrante. Una nueva regulación, con rango de Ley, que de modo coherente proceda a derogar la vigente normativa y establezca un marco legal justo e igualitario. En este sentido, también creemos que debería prohibirse por ley el utilizar este tema como arma política y caminar hacia un gran “pacto nacional por la inmigración”.
- Evitar la irregularidad facilitando los trámites a quienes tienen que renovar sus papeles. Es intolerable que el nivel de denegación de las renovaciones sea tan alto, así como que sólo se contemple la perspectiva laboral. De lo que se trata es de impedir que el inmigrante que ya ha conseguido la residencia legal pase a ser irregular por problemas en las difíciles renovaciones o por simples defectos formales.
- Prescindir de las actuales limitaciones de los permisos concedidos, que imposibilitan trabajar en otra provincia o en otro sector de empleo, ya que están frenando la efectiva integración sociolaboral de muchas personas, y poniendo en peligro la renovación de sus permisos.
- Acelerar el enorme retraso que existe en la actualidad con los recursos presentados ante los Tribunales por miles de inmigrantes que están esperando una respuesta al habérseles denegado sus solicitudes de regularización.
- Aprobar un nuevo proceso de regularización para las personas inmigrantes que actualmente viven en este país y que todavía no han podido obtener su documentación en regla. Muchas personas quedaron fuera de la última regularización por no poder presentarse o faltarles algún documento; a otras se les denegó, en muchos casos por deudas de sus empleadores; otras llegaron después a España y no tienen opción por el régimen general y otras han visto denegadas sus renovaciones. En total se estima que son más de 750.000 los inmigrantes que se encuentran sin regularizar.
- Conceder la ciudadanía local a aquellos inmigrantes empadronados que demuestren su arraigo laboral y social, para que puedan disfrutar de todos los derechos ciudadanos, ya que son trabajadores/as como nosotros, que además no sólo crean riqueza en nuestro país sino que mejoran la de sus países de origen. Es lo que muy acertadamente denomina el Plan de Inmigración del Gobierno Vasco como “ciudadanía inclusiva”.
- Arbitrar los mecanismos necesarios para que se reconozca en España a los extranjeros no comunitarios el derecho a votar y a ser candidatos, yendo más allá de los tratados y convenios de reciprocidad. Lógicamente habría que modificar la Constitución en su artículo 13.2 para que las personas inmigrantes que residen en este país tengan acceso a este derecho en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos, y así España se aproximaría a la situación que se disfruta en otros muchos países del entorno europeo, como Irlanda, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos o Luxemburgo, que tienen reconocido este derecho con normalidad, y en algunos casos desde hace décadas.
- Conferir la ciudadanía europea a todo inmigrante que sea residente legal en cualquiera de los Estados miembros con igualdad de derechos laborales, sociales y políticos que los nacionales, así como apoyar la “campaña para una ciudadanía europea de residencia” que tiene como meta la atribución de la ciudadanía y el derecho a votar en las elecciones municipales y europeas, a todos los residentes de la Unión Europea, sea cual sea su nacionalidad, ya que quince millones de personas que viven en el territorio de la Unión Europea están actualmente excluidos de la ciudadanía europea y del derecho al voto desde el tratado de Maastrich y el proyecto de tratado constitucional actual no la modifica.
- Organizar los cupos y flujos en relación con los países de origen o de tránsito permitiendo una mayor movilidad legal, con más visados, para evitar los flujos irregulares y ayudar al desarrollo en las regiones más pobres.
- Gravar con un impuesto municipal todas las viviendas vacías y subvencionar, con dicho gravamen, los pisos que se alquilen a inmigrantes para facilitar su integración laboral y social. Es notoria la dificultad que encuentran para arrendar y cuando lo consiguen casi siempre es por un valor muy superior al del mercado y a veces en unas condiciones lamentables.
- Establecer espacios de acogida temporal para los inmigrantes que inicialmente –y por un tiempo determinado- necesitan una vivienda o albergue, y no tienen más remedio que malvivir en asentamientos irregulares, casi siempre sin agua, ni luz, ni condiciones mínimas de salubridad. (La iglesia suele tener edificios amplios infrautilizados que bien podrían poner a disposición por si misma o en colaboración con otras organizaciones).
- Asignar unos permisos de residencia temporal para la búsqueda de empleo con el fin de soslayar la irregularidad inicial de muchos inmigrantes y por tanto, su vulnerabilidad ante los abusos de intermediarios, mafias y ciertos empresarios aprovechados. En la actualidad el visado para la búsqueda de empleo sólo vale para algunos casos del contingente y por tan sólo tres meses de duración.
- Fomentar la creación de bolsas de trabajo y de vivienda en coordinación con distintas organizaciones, administraciones y empresarios. (A nivel diocesano, las organizadas por Cáritas podrían ofrecer –como ocurre allá donde se está haciendo- garantías tanto para los autóctonos como para los inmigrantes).
- Crear programas específicos para la mujer inmigrante por su condición de doblemente marginada intentando acabar con la explotación que la mayoría de ellas sufre en el sector del servicio doméstico donde trabajan jornadas interminables con un salario generalmente más bajo del reglamentado y casi siempre sin contrato.
- Promover todo tipo de campañas de concienciación en la sociedad. Las iglesias y parroquias son lugares privilegiados para ello y tanto los obispos, como sus delegados de migraciones y de cáritas podrían implicarse mucho más en ello, denunciando también las leyes injustas, los abusos y demás situaciones de explotación.
- Incorporar a los libros de estilo de la prensa española la conveniencia de evitar las “metáforas negativas” en el tema de la inmigración, así como incluir en la institución escolar (p.e. en la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, en las tutorías o en el apartado de valores), dichas cuestiones para que contrarresten esas exageraciones.
- Considerar el agrupamiento familiar como un derecho irrenunciable, huyendo de la racanería y marcha atrás que está viviéndose en la actualidad con denegaciones que atentan contra los más elementales principios humanitarios y contra la mismísima convención de derechos humanos. Apostamos desde aquí por la “Convención Internacional sobre el Derecho de los Inmigrantes” y de sus familias, recientemente creada por distintas organizaciones europeas.
- Acabar con las deportaciones y el desamparo de los menores inmigrantes, tengan o no núcleo familiar, procediendo a una regulación que respete la declaración de los derechos de la infancia.
- Terminar con los Centros de Internamiento de Extranjeros, por cuanto constituyen una verdadera vergüenza nacional. Los CIE son centros penitenciarios de baja intensidad a los que se accede generalmente por meras infracciones administrativas y en los que los derechos de los internos son tan mínimos que en muchos aspectos son más restrictivos que los de las cárceles.
- Dar una salida a las personas inexpulsables, esos inmigrantes que tienen una orden de expulsión que no puede ser ejecutada. Más de 150.000 personas que ni siquiera son apátridas -pues éstos gozan de los mismos derechos que los residentes regulares-, que se ven abocadas a la marginalidad, por una irregularidad administrativa permanente y que tampoco pueden ser repatriadas.
En fin, la relación podría ser inacabable. Tan sólo añadiré una breve reflexión final. Si nuestra fe procede de un emigrante (Abraham era persa y sale a Canaán desde la ciudad de Ur), si los hijos de Josué eran israelitas que salen de Egipto, si un extranjero (Simón de Cyrene) es el que ayuda a Jesús a cargar la cruz, porque no podían hacerlo los judíos, y si el mismo evangelio, por boca de San Pablo, dice claramente que “por vuestra fe ya no hay judíos, ni griegos –hoy diríamos ni marroquíes ni rumanos, ni ecuatorianos ni españoles-sino iguales en dignidad y derechos…”, ¿cómo nos atrevemos –los cristianos- a recelar, dudar, ignorar o excluir al inmigrante?
[1] Las citas del presente artículo corresponden al Dr. Samuel KOBIA, miembro de la Iglesia Metodista de Kenya y Secretario General del Consejo Ecuménico de las Iglesias.
