Religiosos/as en Barrios, Sevilla
El colectivo de religiosas y religiosos en barrios, insertados desde hace años en los ambientes populares y más desfavorecidos de Sevilla, nos sentimos hondamente preocupados por la dura situación que soportan muchas personas inmigrantes en nuestro país, por la exclusión social a la que son sometidas y, ahora muy especialmente, por el incierto futuro que les augura la Ley de Extranjería en vigor.
Los medios de comunicación nos informan casi a diario de las situaciones dramáticas que han de soportar en muchos lugares: explotación laboral, indefensión legal, viviendas infrahumanas, recelo e incluso desprecio social, o también xenofobia y actos violentos de racismo declarado; frecuentes muertes en el Estrecho, redes clandestinas de tráfico de trabajadores/as extranjeros, etc.
A todo esto se une la reciente Ley, que viene a endurecer más si cabe su situación, y a declarar como «no personas» a los inmigrantes «sin papeles», a los que de modo despreciativo son calificados como «ilegales». Esta Ley es rechazada por los agentes sociales (sindicatos, ONGs, inmigrantes, algunos partidos políticos, Iglesia…) y una gran parte de nuestra sociedad. Rechazo al que también nosotras, comunidades de religiosas/os en barrios nos unimos y expresamos públicamente aquí.
«La nueva Ley recorta sus derechos, reduce notablemente sus posibilidades de regularización y vuelve a amenazarles con la expulsión. ¿Y por qué es tan importante el tratamiento que una Ley de Extranjería da a los inmigrantes irregulares? La respuesta está en la globalidad que ahora funciona en los países occidentales. Nuestra economía demanda claramente mano de obra para ciertos sectores de la producción, al tiempo que nuestros gobiernos lo niegan y establecen un sistema de cierre de fronteras a la entrada de nuevos inmigrantes. El resultado de eso es una entrada constante de personas por vías irregulares, con el consiguiente desarrollo de las mafias que trafican con ellas y con los riesgos y penalidades que los inmigrantes han de sufrir.
La cuestión está en si queremos un sistema de inmigración que proporciona mano de obra barata, a costa de apartarla del sistema democrático, con el consiguiente daño que así se le hace a la democracia misma; o apostamos por integrar a todas las personas dentro de la democracia, equiparando sus derechos y favoreciendo la igualdad de trato». (Miguel Pajares, «El País», 6-1-01).
Los inmigrantes son una parte más de nuestra sociedad y no podemos expulsarlos al margen y sin derechos. La inmigración es una necesidad recíproca: los necesitamos y nos necesitan. Nos guste o no, los inmigrantes están aquí y seguirán viniendo más a trabajar aquí, es decir, a colaborar en nuestro propio progreso. Por tanto, hemos de ir construyendo entre todos una sociedad abierta, respetuosa con las diferencias, donde sepamos convivir en la igualdad y la justicia para todos/as.
