Desigualdad e impunidad crecientes en la sociedad española.
Carlos Pereda y Miguel Ángel del Prada. (Colectivo Ioé).
Presentamos algunas conclusiones que se desprenden del Barómetro Social de España[1], relativas a la desigualdad socioeconómica y a la disconformidad de la opinión pública con las instituciones políticas y judiciales que mantienen en la impunidad a quienes son más responsables de esa desigualdad.
Sin duda España es un país más rico que hace dos décadas pero también más injusto, ya que los frutos del desarrollo económico se reparten con una creciente desigualdad. Entre 1994 y 2013 el Producto Bruto Interno español ha crecido un 45%, con dos etapas muy diferenciadas: de expansión hasta 2007, en la que aumentó un 70%, y de recesión hasta 2013, en que se redujo un 15%. Sin embargo, el reparto de la renta fue regresivo en ambas etapas pues la parte destinada a beneficios ganó terreno a la parte destinada a salarios tanto en los trece años expansivos (5,7 puntos porcentuales) como en los cinco de crisis (3,2 puntos). Mientras el valor contable de las empresas (acciones cotizadas y no cotizadas recogidas por el Banco de España) se ha multiplicado por tres en el conjunto del período, el valor del salario medio ha perdido un 10% de poder adquisitivo, un descenso que ha sido especialmente pronunciado en la reciente etapa de crisis (ver gráfico adjunto).
Evolución de las acciones y de los salarios
en España (1994-2013)
Los salarios son la principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares, pero se reparten de forma muy desigual. Según la estadística de salarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la remuneración laboral discrimina de forma clara a las mujeres, que ganan un 24% menos que los hombres, a la población extranjera (47% menos que la española) y a la juventud (67% menos que la población adulta). Y lo mismo ocurre con otras minorías con problemas de exclusión social, como las personas con diversidad funcional o la comunidad gitana, que no se desglosan en la estadística de la AEAT.
Pero sin duda la peor situación corresponde a quienes se encuentran en paro, que se han triplicado entre 2007 y 2013, pasando del 8,3 al 26% de la población activa. Los problemas se incrementan para algunos segmentos específicos como el paro de larga duración (más de un año continuado buscando empleo) que han pasado del 23,7 al 60,9% de las personas desocupadas; quienes no reciben ninguna prestación (contributiva o asistencial), que han subido del 22,5 al 49%; y los hogares con todas las personas activas en paro, que han pasado del 3,3 al 10,5% (1,8 millones de familias). Al iniciarse 2014 España es el país de la UE-27 con mayor tasa de desempleo después de Grecia, lo que representa el problema social más sentido por la población según los barómetros mensuales del CIS.
Si la precariedad laboral y social afecta a unos 12 millones de personas que se encuentran en situación o riesgo de pobreza, en el polo opuesto está el millón aproximado de sujetos que perciben salarios muy elevados (en la cúspide los 150.000 empleos que cobran por encima de 10 veces el SMI, o sea, más de 7.500 euros/mes) y, sobre todo, la clase propietaria del capital (en gran parte extranjero, 1,6 billones de euros en 2013), que suma a los beneficios del PIB anual (cantidad equivalente a toda la masa salarial) la revalorización de los activos empresariales (incremento exponencial del 551% entre 1994 y 2007, pérdida del 30% entre 2007 y 2012 y nuevo incremento del 21% en 2013).
La polarización de los salarios y el continuo trasvase de rentas del trabajo al capital da como resultado una creciente brecha en el reparto de la riqueza o patrimonio de los hogares, indicador de gran interés que recoge con precisión la Encuesta Financiera de las Familias, del Banco de España, aplicada en 2002, 2005 y 2009 (la realizada en 2011 ¡todavía no se ha publicado!). Entre 2002 y 2005, años de expansión económica, los hogares ricos incrementaron su patrimonio a un ritmo mucho mayor que los pobres, dando como resultado que la ratio de desigualdad entre el patrimonio medio del 25% de hogares más ricos y más pobres pasara de 33 a 39; a su vez, entre 2005 y 2009, la brecha se amplió a un ritmo doble que en la etapa anterior, hasta situar la ratio en 50.
Más del 80% de la población, según las encuestas del CIS, considera que España es una sociedad “injusta” y que el gobierno debería adoptar medidas para redistribuir la riqueza. Sin embargo, la política económica que se ha mantenido a lo largo de las dos últimas décadas, tanto antes como después de la crisis, ha respondido a una clara orientación estratégica: garantizar las rentas del capital, especialmente el financiero, socializando sus pérdidas a costa de las condiciones de vida de la mayoría de la población. De ahí que una amplia mayoría de la opinión pública haya perdido su confianza en la clase política y en el poder judicial, a quienes considera colaboradores necesarios, por acción u omisión, de los abusos financieros, la explotación laboral y la exclusión social, cuyos autores directos quedan impunes.
(Todos los datos se encuentran en www.barometrosocial.es).
[1] El Barómetro ha superado una segunda campaña de financiación pública, a través de un crowfunding, lo que le permite seguir ofreciendo en abierto series estadísticas de 185 indicadores sobre la situación social de España para un período que cubre ya 19 años (1994-2012).
