Javier Fresneda Asociación Hispano -Ecuatoriana Rumiñahui
En los recientes días de tramitación de la llamada «ley de extranjería» en las cámaras parlamentarias hemos estado asistiendo a la consagración legal de una segunda casta de ciudadanos sin derechos. Trabajadores inmigrantes sin papeles, por un lado demandados por los empresarios españoles para dinamizar y flexibilizar aún más nuestra economía (y a los que, en mi opinión, no creo se vaya a expulsar precisamente por necesitarles), pero a los que, por otro lado, sí se va a amordazar, prohibiéndoles, bajo amenaza de expulsión, asociarse, organizarse y expresar cualquier mínima reivindicación laboral por un trato digno.
La secretaría de Estado para la inmigración, cada vez más dependiente del Ministerio de Interior, y con la colaboración inestimable de prácticamente todos los grandes medios de comunicación españoles, llevaba más de un año empeñada en lograr el silencio social que otorgase respaldo a esta ley: bombardeándonos informativamente y haciéndonos creer que los inmigrantes nos invaden por oleadas, que no se puede acoger a tantos inmigrantes habiendo tanto paro en España e incluso mentando a los dos millones de españoles inmigrantes en el extranjero que tal vez deseen regresar si la situación en España mejora… La verdad es que las «oleadas», esas pateras avistadas con no menos de 300.000 inmigrantes a bordo (como bromeaba Forges), resultan ridículas frente a la necesidad de mano de obra inmigrante que tiene España, porque este mercado laboral está tan segmentado que los parados españoles –y menos los inmigrantes españoles en el extranjero cuya edad media debe ser bastante elevada– nunca ocuparán los trabajos que desempeñan los inmigrantes. ¿Cuántas españolas trabajan o están dispuestas a trabajar como internas? ¿Cuántos españolitos quieren ya ir de pueblo en pueblo a recoger la fruta de temporada? ¿Acaso la abuelita española de 94 años que reside como inmigrante en Argentina está pensándose venir a cortar la naranja a Valencia? Si los inmigrantes siguen viniendo y no se van es porque acaban encontrando trabajo, porque hay trabajo para ellos, porque se les necesita. Digámoslo crudamente: la administración española es hipócrita porque, además de hacer cada vez menos para plantear la resolución de la injusticia Norte-Sur, han estado ocasionando que los inmigrantes que necesita España no tengan otra forma de venir, porque hasta ahora nunca hicieron nada para canalizar legalmente estos flujos, contratando a los inmigrantes en origen, con papeles, con derechos desde el primer día que llegasen a este país, porque no asumen de frente las necesidades de futuro, sino que se limitan a problematizarlas y a gestionarlas policialmente y a posteriori.
Quisiese pedir desde estas páginas, por un lado, a los inmigrantes, que cada vez estén más organizados y más unidos, porque los tiempos que se avecinan no son buenos, y a los españoles que vayan cada vez más solidarizándose con las reivindicaciones de estos hermanos nuestros, trabajadores como nosotros, que como la mayoría de nosotros dependen del salario que puedan ganarse con sus manos, o de que sus jefes no se pongan muy a mal con ellos. Aún podemos desplegar este apoyo desde la solidaridad; dentro de diez años, como ha ocurrido ya en Francia y en Alemania, muy probablemente tenga que ser por egoísmo ante la conflictividad social, los ghettos y las tempestades que las siembras de estos vientos generarán. Que así no sea.
